La corrupción pública ocupa la atención de los organismos internacionales y es uno de los factores determinantes de la calificación de los países según su calidad institucional y su seguridad jurídica. La legislación anticorrupción, tanto en Chile como en el resto del mundo, está principalmente orientada a prevenir, vigilar y penalizar los actos deshonestos de los funcionarios públicos.
La corrupción privada, en cambio, tiene menor repercusión política, social y mediática que la del sector público, pero su importancia moral es similar. Por otro lado, no puede haber corrupción pública si no hay un actor privado que la materialice. Esto no es debidamente considerado cuando se hacen recaer las culpas íntegramente del lado estatal.
Es cierto que hay gobiernos más corruptos que otros. Pero también es cierto que si bien quien se beneficia pecuniariamente por un soborno es el funcionario público, no es menos cierto que quien lo paga obtiene una ganancia que supera ese desembolso. Ambas partes se benefician a costa de los contribuyentes o de los ciudadanos que se perjudican con una obra o servicio más costoso o de menor calidad.
Cuando la corrupción se generaliza, esto suele ser aplicable a nuevos jugadores que pretenden ingresar en actividades reguladas. Esos nuevos jugadores alimentan el círculo vicioso de empresarios acostumbrados a aceptar pedidos sin oponer resistencia o también a tomar la iniciativa del soborno.
Hay sociedades que son más propensas que otras a quebrar reglas éticas en la búsqueda de beneficios personales. Sin embargo, también existe un conjunto de estímulos a la corrupción que llegan a convertirla en sistémica. En ese sentido, en nuestro país existe una asociación nefasta: el desequilibrio de poder político y económico y falta de renovación política combinado con una concepción patrimonialista del Estado, que convierte al administrador de turno en su dueño.
La eternización en los cargos públicos y el manejo de las normas de manera caprichosa hacen que sean los funcionarios quienes asignan la porción de mercado que le corresponde a cada empresario privado. Esta desviación hace que muchos hombres de negocios entiendan que su principal activo es el favor del Gobierno de turno.
Pero la corrupción privada también comprende a los negocios entre privados, cuando se manipula la contabilidad para evadir impuestos, cuando se realizan auditorías fraudulentas o cuando un gerente obtiene ventajas personales a espaldas de los accionistas de su empresa. También ha sido frecuente el rápido enriquecimiento de operadores financieros que desvían para sí transacciones ventajosas.
Los chilenos nos debemos un profundo examen de conciencia. La preeminencia de objetivos materiales sobre los valores morales y éticos es el alimento básico de la corrupción. Su extensión a los negocios públicos es una consecuencia.